Violencia deja a Guerrero sin tortillas, sin pollo, sin transporte...

Chilpancingo.— A ocho meses de que Evelyn Salgado Pineda tomó posesión como gobernadora de Guerrero, la violencia que han impuesto en la entidad las organizaciones criminales continúa brotando sin control en diferentes puntos, y crece donde ya existía.

En Acapulco paralizan la vialidad de este destino turístico con bloqueos. En Chilpancingo, a punta de balazos, suspenden la venta de pollo. En Zihuatanejo dejan a la población sin tortillas y sin transporte público. En Huitzuco hay toque de queda.

Además, hombres armados acosan a pueblos de Chilapa a tiros todos los días. A Iguala la han convertido en una zona de silencio. En Taxco imponen los precios a los alimentos, y en Tierra Caliente, los habitantes tienen que pedirles permiso hasta para organizar una fiesta familiar.

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Los comerciantes viven entre las extorsiones y el miedo.

De octubre de 2021 a mayo de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó 726 homicidios dolosos, un promedio de 90 asesinatos al mes, pero además, de ese total, 95 fueron cometidos contra mujeres.

Guerrero vive desde hace más de 15 años un proceso de violencias constantes. Lo que sucede hoy no es nuevo, pero la diferencia es que ante la inacción de las autoridades, las organizaciones criminales se van ensanchando y los efectos son cada vez más cercanos a la gente. La cotidianidad se está rompiendo. Un día las ciudades se pueden quedar sin tortillas, sin pollo, sin transporte o atrapadas en los bloqueos.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, considera que ante el incremento generalizado de la violencia de los últimos meses, las autoridades no están interviniendo para prevenirla, contenerla y castigarla.

Estamos en una situación difícil. Nos preocupa en extremo la situación de violencia que va incrementando pero, sobre todo, la falta de intervención de las autoridades (…) Es un escenario desolador.

Vemos que las autoridades del estado tienen su Mesa para Construcción de la Paz; se supone que ahí deben tomar acciones de prevención, de disuasión, de investigación, de acompañamiento, pero vemos que para atender esos focos rojos no hay resultados”, afirma Barrera Hernández.

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Además de los brotes de violencia, hay municipios de Guerrero en donde las autoridades permiten que las organizaciones criminales impongan controles estrictos como qué y dónde comprar los productos.

Un ejemplo es Taxco. Desde hace unos 10 años, esta ciudad entró en un espiral de violencia que no se detiene. Los asesinatos, desapariciones y extorsiones se volvieron una constante.

Hoy, afirman algunos pobladores que piden el anonimato, hay relativa tranquilidad, pues aunque no hay una disputa abierta entre organizaciones criminales, sí hay un control estricto.

A veces no te molestan para nada, pero te obligan a comprar al precio que ellos quieren y donde ellos quieren”, dicen.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Taxco opera la organización criminal La Familia Michoacana. Esta banda, explican, está acaparando los productos de la canasta básica, como la carne, las tortillas, el pan, el pollo, el agua en garrafón, el refresco, la cerveza, la fruta y la verdura.

Acá es difícil ver camiones, por ejemplo, de la Corona; la distribuyen ellos y son ellos los que ponen el precio”, aseguran.

La Familia Michoacana opera en toda la región de la Tierra Caliente. Desde hace décadas, toda esa zona ha sido cedida al crimen, al grado de que los pobladores deben pedirles permiso hasta para organizar fiestas familiares.

El control de precios en productos básicos de consumo ocurre también en Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Taxco, Zihuatanejo, Chilapa, Huitzuco y toda la zona de Tierra Caliente.

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Desde que tomó protesta, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hace ocho meses, ha insistido en que la inseguridad y la violencia los va a atender desde las causas; combatir la pobreza, el rezago educativo y el desempleo.

La gobernadora también ha prometido que Guerrero sería un santuario para las mujeres”. En contraste, la violencia contra las mujeres es imparable.

La Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres ha contabilizado en los ocho meses de gobierno de Salgado Pineda 95 asesinatos con la presunción de feminicidios; 59 en este 2022 y 36 cometidos durante los primeros tres meses de la gestión de la morenista.

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La violencia de las últimas décadas ha dejado miles de víctimas; sin embargo, estos ocho meses su atención tampoco ha cambiado mucho.

Carlos David Molina Rodríguez, dirigente del colectivo de familiares desaparecidos de Chilpancingo, asegura que ha faltado apoyo para las organizaciones de búsqueda.

La gobernadora nos ha recibido, nos dice que tiene el compromiso con las víctimas, pero eso no es cierto. No hay el apoyo suficiente para atender a las víctimas. Cuando les hablamos siempre nos contestan, pero eso no es suficiente, queremos resultados en las investigaciones”, explica el activista.

Molina Rodríguez coincide con el director de Tlachinollan en la inacción del gobierno de Salgado Pineda. Lo veo y los hechos recientes me lo confirman: no hay acción. Es necesario que se movilice la gente para que reaccionen. Yo veo que el gobierno está superado por la situación o la otra es que sean lo mismo, porque no creo que no sepan quiénes son, dónde encontrarlos y, ¿por qué no actúan?”, dice.

No votamos por Evelyn por su amplia trayectoria o porque fuera hija de Félix [Salgado Macedonio] ni mucho menos. No. Votamos por ella para que ya se fuera el PRI, porque queríamos un cambio y eso no se ha visto, al contrario, está más complicado ahora”, lamenta Molina Rodríguez.

Las más recientes crisis de violencia en la entidad han tenido lugar en tres de las ciudades más relevantes: Chilpancingo, la capital, así como Acapulco y Zihuatanejo, dos importantes destinos turísticos a nivel nacional.

En la capital, durante tres días los pollos desaparecieron de casi todos los mercados. La razón: en menos de seis días asesinaron a ocho trabajadores de la distribución y venta del producto a principios de junio.

La mañana del sábado 11 de junio, un grupo armado irrumpió en una granja ubicada a unos metros del cuartel de la Guardia Nacional y asesinó a seis personas: el dueño, su hija —una adolescente de 12 años— dos trabajadores y dos vendedores.

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La masacre fue suficiente. Desde ese momento, todos los puestos de venta de pollo cerraron. Ninguno vendió hasta tres días después, cuando las autoridades implementaron una operación de vigilancia.

A finales de mayo, en Zihuatanejo, en la Costa Grande, la violencia provocó zozobra entre la población. Las clases se suspendieron, las tortillerías cerraron y el servicio del transporte público fue parcial.

El asunto son las extorsiones. A quien no pague luego luego le quieren ir a quemar sus negocios”, explica un poblador.

Pero también Acapulco ha sufrido por este clima de temor. Trece días antes, la tarde del 13 de mayo, transportistas atravesaron sus camiones urbanos, taxis, junto a comerciantes en 18 puntos del puerto. La ciudad colapsó. Miles de personas quedaron varadas.

Los transportistas y comerciantes con pancartas exigieron la salida del Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal, pues denunciaron abusos.

Dos horas antes en el municipio vecino, San Marcos, el Ejército e integrantes del grupo de autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se enfrentaron a balazos.

Una de las versiones es que militares detuvieron a unos líderes criminales que eran protegidos por la UPOEG. El bloqueo en Acapulco fue una forma de presionar a las autoridades.

El colapso terminó seis horas después sin que ninguna autoridad lo evitara. A las 12 de la noche, muchos acapulqueños aún deambulaban por las calles buscando cómo llegar a sus casas. El caos dejó ganancias a algunos: taxistas cobraron hasta 100 pesos por un viaje.

Ese día, las consecuencias las sufrió la población en general, pero los comerciantes y empresarios viven el acoso cotidiano de la extorsión. Un día les pueden quemar o atacar a tiros sus locales, o hasta asesinarlos por no pagar lo que les exigen. El Guerrero gobernado por Morena está sumido en el caos.

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