Académicos, constitucionalistas y expertos en derecho penal calificaron la estrategia de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 integrantes de la comunidad científica —25 exfuncionarios del Conacyt y seis miembros del Foro Consultivo Científico y Tecnológico— como contraria a los derechos humanos, absurda y desproporcionada, lo que refleja un uso político del derecho en una acción represiva contra investigadores y exservidores del país.


En entrevista con EL UNIVERSAL el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz advirtió que en términos técnicos, la persecución penal debe ser considerada como el último recurso para buscar justicia, lo que en el caso del Conacyt no se cumplió, pues de haber irregularidades en el ejercicio de los recursos que destinó al foro, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) debieron advertirlo y actuar en el ámbito de sus competencias.

La delincuencia organizada es un asunto muy delicado que no puedes estar imputando a todas las personas, en todos los casos, tiene una legislación especial, tiene principios especiales y me parece que no se puede usar como si fuera cualquier herramienta ordinaria.

Esto me parece que es una de las formas más perversas que no sólo en México sino en otros lugares del mundo se están usando para meter a las personas a prisión, para impedir que enfrenten sus procesos con todas las garantías jurídicas que se quiera, con esto se busca desde luego generar la idea de que se está haciendo justicia cuando en realidad no es”, afirmó.

Sergio García Ramírez, exprocurador General de la República, consideró: Me parece absurdo, yo no creo que ese grupo de académicos constituya en modo alguno una amenaza para la seguridad, son académicos, muchos de ellos notables, que han prestado sus servicios a México, pero en realidad más que preocuparnos ahorita en qué cárcel van a estar, si es que llegan a estar, lo importante ahorita es que se les garantice un trato justo y digno que no se les infame”, precisó.

José de Jesús Orozco Henríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicó que la reiterada pretensión de la FGR de imputar delitos de la mayor gravedad, como delincuencia organizada, a eminentes miembros de la comunidad científica”, es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos al reflejar un uso desproporcionado, excesivo e intimidatorio del derecho penal”.

Hay que tener presente que, según esos estándares internacionales, en toda sociedad democrática se debe respetar el principio de presunción de inocencia y la naturaleza excepcional de la aplicación de la prisión preventiva, de acuerdo con los criterios de necesidad, proporcionalidad, motivación individualizada y los fines legítimos y permisibles de carácter procesal, tales como evitar el peligro de fuga”, dijo.

El miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Francisco Valdés Ugalde dijo: México se asemeja cada día más a una autocracia en la que el amedrentamiento y el uso deliberado del Derecho con fines de represión se vuelve de uso común para eliminar a los adversarios incómodos que se interponen en el proceso de acumulación del poder absoluto. Esa persecución es un síntoma de algo más grave: la clausura de la libertad académica y de crítica encabezada por el gobierno y el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador pisoteando el Estado de derecho”, dijo.

La investigadora en temas de justicia penal y seguridad ciudadana Layda Negrete señaló que la FGR hizo un uso abusivo del derecho” en este caso. A su consideración, el Ministerio Público Federal hizo de un tema administrativo uno de tipo penal, con la finalidad de intimidar a los miembros del Conacyt.

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