Investigador Alejandro Sánchez

Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt

México.- Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología UNAM, aseguró que la insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los 31 científicos, investigadores y exfuncionarios del Conacyt es un acto de intimidación y abuso de su poder.


El también presidente de la Academia de Ciencias de Morelos opinó sobre la postura de la FGR que replanteará la denuncia contra los 31 científicos del Conacyt, por supuestamente, desvió de recursos en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

La insistencia de la Fiscalía es un acto de intimidación contra los investigadores, además, le está dando un uso a la justicia en sentido completamente desproporcionado”.

El investigador Alejandro Sánchez explicó que independiente de lo que se indaga, el hecho de que la FGR utilice el agravante de delincuencia organizada es una medida fuera de proporción.

Lo anterior porque pondría a los investigadores al nivel de criminales de alta peligrosidad” y que la medida de prisión preventiva” puede afectar la carrera y vida de los científicos.

Alejandro Sánchez señaló que es baja la probabilidad de que la Fiscalía halle alguna irregularidad y, en este caso, vale la pena analizar lo aportado a la ciencia por los 31 científicos del Conacyt.

Recordó que este caso fue discutido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que los fondos recibidos por el Foro de 2002 al 2019 tenían sustento en ley vigente en ese momento.

La Fiscalía está ignorando los antecedentes legales y usa a la justicia de manera desmedida; es muy fuerte porque se entiende que si vas a ser juzgado al mismo nivel que alguien responsable de narcotráfico, entonces no importan tus aportes a la ciencia y eso es intimidatorio”.

El investigador también dijo que no hay muchas maneras de interpretar la insistencia de la FGR por solicitar las órdenes de aprehensión, pues el trasfondo es estar en desacuerdo con las autoridades.

No hay manera de no interpretarlo como un acto de intimidación para amedrentar a los investigadores del Conacyt y que no puedan estar en desacuerdo con lo que ellos resuelvan”, sentenció Alejandro Sánchez.

Las acusaciones de la FGR contra científicos, investigadores y exfuncionarios del Conacyt, a corto plazo, podrían ocasionar estigmatización y desacreditación a su trabajo.

Así lo consideró el presidente de la Academia de Ciencias de Morelos porque con este tipo de acusaciones graves, no importa lo que hayas hecho antes en la ciencia”, si las autoridades desacreditarán su trabajo.

Y aseguró que raya en la difamación porque sus colegas del Conacyt están siendo acusados sin elementos, lo que generaría estigma sobre ellos frente a la sociedad.

También está generando una reacción de inconformidad en la comunidad y en el ámbito científico, va a minar el ánimo para desempeñar estos puestos […] la comunidad no está agusto y no comulga con la administración actual”.

Refirió que lo que está viviendo la comunidad científica son una serie de actos intimidatorios que no abonan en la buena relación con las autoridades.

La Fiscalía General de la República acusa a  31 científicos del Conacyt de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Frente a dos negativas por jueces a su solicitud, este 23 de septiembre solicitó, por tercera ocasión, órdenes de aprehensión contra 31 científicos.

La Fiscalía informó que replanteará la denuncia y aclaró que no se trata de ningún atentado y persecución contra la comunidad científica, sino un asunto estrictamente jurídico de naturaleza penal.

A los investigadores del Conacyt los acusan de transferir más de 280 millones de pesos al Foro Constructivo Científico y Tecnológico entre 2011 y 2018, de manera ilegal.

Sin embargo, este foro se creó en 2002 para cumplir con la Ley de Ciencia y Tecnología, como un órgano de consulta del Conacyt.

A decir por varios miembros de la comunidad científica, los recursos destinados al foro y a los proyectos eran auditados y no se ejercían de manera arbitraria, por lo que la denuncia no tendría sustento legal.

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