La Fiscalía General de la República (FGR) ha intentado dos veces que 31 científicos de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sean aprehendidos y replanteará su solicitud una tercera vez.


De acuerdo con Ricardo Balderas y Eduard Martín-Borregón, de la organización PODER, sí hay evidencias suficientes en contra de los científicos e investigadores que forman parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,

Desde una columna de opinión de The Washington Post, los periodistas de investigación aseguraron que existe evidencia de que los científicos del Foro Consultivo usaron recursos federales para favorecerse.

Los investigadores señalaron que, pese a que en dos ocasiones un juez determinó que no hay elementos para ejercer acciones penales en contra de los imputados, una investigación señala lo contrario.

Ricardo Balderas y Eduard Martín-Borregón publicaron la investigación La Mafia de la Ciencia” en marzo de 2020, donde señalan que el Foro Consultivo:

fue la vía que utilizó un grupo de académicos para usurpar funciones públicas y beneficiarse por más de 16 años de fondos públicos discrecionales del Conacyt”

En dicha investigación, señalan que de 2011 a 2018, el Foro Consultivo recibió más de 287 millones de pesos del Conacyt.

Dinero que se usó para viajes al extranjero, desayunos y compras por internet, entre otros gastos, como también señaló AMLO este 24 de septiembre.

Las acusaciones en las que se sustenta la investigación de la FGR en contra de los científicos del Conacyt son por la mala gestión de recursos públicos por parte del Foro Consultivo.

Parte de estas malas gestiones es la compra de la casa de dos pisos que es sede del Foro, que se ubica en la calle Melchor Ocampo, Coyoacán.

La casa se adquirió en 2015 por 17 millones de pesos, cantidad cuya procedencia no se revisó según José Franco, uno de los imputados por la FGR y excoordinador del Foro.

De acuerdo con Gabriela Dutrénit, coordinadora del Foro de 2012 a2014, dijo que se heredó un fondo de la administración de José Luis Fernández Zayas,

Además, el Foro Consultivo recibió 30 millones de peso de un contrato para una investigación sobre el derrumbe de la mina Pasta de Conchos, durante la administración de Dutrénit.

Dinero que entregó íntegro a la siguiente administración pues a su cargo, solo se trabajó con los fondos del Conacyt, aseguró.

Los investigadores señalaron que hubo prácticas contrarias a lo dictado en los estatus del Foro Consultivo.

Julia Tagüeña como coordinadora del Foro, se asignó recursos durante su gestión, mientras que Adriana Guerra Gómez, como secretaria técnica recibió un sueldo de 107 mil 700 pesos mensuales, esto de 2018 a 2020.

Sin embargo, los estatutos dictan que los cargos de coordinadora y secretaria técnica son honoríficos, por lo que no deberían recibir ninguna compensación económica.

Además, Tagüeña asignó al Foro Consultivo 50 millones de pesos antes de renunciar como directora adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt para después pasar a administrar el Foro.

Tagüeña dijo a los investigadores que no aprovechó su cargo para mandar fondos a la asociación y aseguró que la actividad de ejercer recursos es común, por lo que enviar dinero a la asociación no constituye una irregularidad.

Sin embargo, con ese dinero, se cubrieron gastos de

Los investigadores señalaron que la información expuesta no es de acceso público, ya que al constituirse como una asociación civil privada, el Foro Consultivo no está obligado a entregar información a la ciudadanía.

Además, señalaron que los datos fueron obtenidos a través de la plataforma Méxicoleaks, de alertas ciudadanas anónimas.

Los investigadores señalaron que los malos manejos de recursos públicos por parte de asociaciones civiles, como el caso del Foro Consultivo del Conacyt, no son aislados.

Recordó que las asociaciones civiles

También realizan prácticas opacas y laboralmente abusivas” que financian con fondos públicos.

Así como también, mediante los Fondos Mixtos el Conacyt se financiaron proyectos fallidos como

Loa investigadores aseveraron que estas prácticas han sido denunciadas por años por las capas menos privilegiadas de la academia mexicana”.

Las denuncias provienen de personas que trabajan en instituciones que no están bien reguladas por el gobierno, pero sí están financiadas con dinero público.

Además, estas suelen incumplir con el propósito de promocionar la ciencia y la tecnología para enriquecerse y dar más poder a la élite académica.

Con información de The Washington Post

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