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Políticos y narcos desplazan a periodistas

A mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el problema aumentó 140% ante las complicadas situaciones de seguridad en los estados

By , in nacion , at julio 2, 2022 Etiquetas: , ,

Las primeras advertencias llegaron en voz de terceros. El periodismo de la agencia de noticias API Guerrero generaba enfados en el ayuntamiento de Iguala. Los grupos criminales también estaban disgustados. Jonathan Cuevas, fundador y reportero, no viró. Después le enviaron una amenaza: Te van a levantar”.

En octubre de 2020, ciudadanos protestaron en la Fiscalía Regional de Iguala. Denunciaron detenciones arbitrarias de la Policía Ministerial.

Los reporteros que cubrieron, uno de ellos Jonathan, fueron violentados. Una camioneta conducida por elementos de esa corporación se abalanzó en contra de ellos y los manifestantes. Tres periodistas fueron encañonados mientras trabajaban.

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En la noche, al menos seis recibieron amenazas. A Jonathan le aseguraron que lo matarían. Intimidaba la delincuencia organizada, pero, presume, la ministerial y la fiscalía eran las verdaderas autoras.

Amenaza la delincuencia organizada… los políticos están detrás”, afirma Jonathan.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) los incorporó y ofreció retirarlos de Guerrero. Jonathan y su pareja huyeron con sus hijos.

Jonathan narra estos hechos, registrados en la carpeta de investigación con terminación Feadle-Gro/0000023/2021, que abrió la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR).

El mecanismo está muy limitado porque así lo han diseñado. Te extrae y te ponen en un refugio, o bien dejan tu seguridad a autoridades estatales o municipales. Para nosotros, no son medidas reales de seguridad”.

En total, son 13 periodistas de Iguala reubicados por el mecanismo federal entre 2020 y 2021, revela información entregada vía transparencia por la Segob.

La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la que depende el mecanismo federal, informó que han sido reubicados en México 102 periodistas, de 2014 a marzo pasado; 30 en la pasada administración, 72 en la actual. El aumento es de 140%, y ha pasado sólo la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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A cada uno de los periodistas se le otorgó un refugio, una vivienda alquilada. Es una medida urgente de protección para quienes son extraídos de su lugar de trabajo porque no hay condiciones que garanticen su seguridad. Podrían ser asesinados.

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La periodista Cynthia Yarel Valdez García ha sido forzada a desplazarse dos veces.

De Culiacán, Sinaloa, huyó con su familia después del asesinato de Javier Valdez, en mayo de 2017. Publicar sobre las pugnas internas en la agrupación criminal de Joaquín El Chapo Guzmán provocó censura y hostigamiento.

Las intimidaciones y amenazas de muerte obligaron al equipo de La Pared Noticias —sitio especializado en crimen organizado y donde Cynthia era directora— a frenar la información.

Luego de que asesinaron a Javier Valdez, Cynthia creyó que ella y sus compañeros podrían ser los siguientes.

Se desplazó con su esposo e hijos al centro del país después de que personal de la Segob la buscara. Ella no sabía que existía el mecanismo de protección.

Cynthia, hoy de 38 años, dice que no medía el riesgo.

Me dieron escoltas por unos meses. Pierdes todo, tu casa, tus amigos. Te cambia la vida porque no trajimos documentos”.

Ella y su familia nunca se establecieron. En marzo de 2020 se regresó a Culiacán. Quería recuperar su antigua vida.

Acordó un plan de retorno con el mecanismo que nunca se ejecutó. Los últimos dos años la pasó encerrada. Su medio ya no volvió a ser el mismo.

Este año 2022 se animó a salir. El 17 de mayo pasado fue a dejar a sus hijos a la escuela.

Cuando se estacionó apareció una camioneta grande. Las personas que la abordaban les tomaron fotos.

Llamé a la Guardia [Nacional] después de que los de la camioneta nos fotografiaran. Acababan de asesinar [al periodista] Luis Enrique Ramírez”.

Ese acto de intimidación, explica, la forzó a huir de nuevo para salvaguardar a su familia. El mecanismo la extrajo y le proporcionó un refugio.

Ya no tengo vida normal. Otra vez fue dejarlo todo. Es un cuento de no acabar. Son cinco años con esto”, menciona.

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Funcionarios, 4 de cada 10 agresores

El 5 de octubre de 2021, en conferencia de prensa, Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, presentaron datos de agresiones de diciembre de 2018 a septiembre de 2021. Los principales atacantes son funcionarios, con 43.1%. Le sigue la delincuencia organizada, con 33.5%.

De acuerdo con la información, suman 473 agresiones contra periodistas si contamos las físicas, amenazas y privación de la libertad.

El aumento es de casi el doble respecto a años anteriores. El último informe público detallado del mecanismo en la página web de la Segob, de abril de 2021, registra 272 atentados de estos tres tipos en los últimos cuatro años del pasado sexenio.

Más agresiones coinciden con más incorporaciones al mecanismo. Cuando inició la actual administración, 798 personas eran beneficiarias. En marzo pasado, la cifra era de mil 559. Periodistas eran 515; el aumento, de 95%. Los estados con más incorporaciones son los mismos de donde salen huyendo: Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas.

Algunas medidas de protección aprobadas por la Junta de Gobierno, en cambio, han disminuido. Según el informe de abril de 2021, si comparamos los últimos dos años del gobierno pasado y los primeros dos del presente, se han otorgado menos escoltas (36 contra 26), patrullajes (121 contra 65) y botones de asistencia (241 contra 133).

El mecanismo federal se convirtió en la única ventanilla de atención para las agresiones contra periodistas y defensores, lamenta Irazoque.

Mientras, de acuerdo con las cifras, funcionarios son los principales agresores, la autoridad apuesta por otorgarles corresponsabilidades en el resguardo de periodistas. Es falso que se quiera delegar obligaciones a los gobiernos locales”.

El mecanismo, argumenta, se creó en 2012 por el aumento de agresiones contra ambos sectores. Suplió las obligaciones del Estado, de las policías y fiscalías locales”, explica.

Sin su participación, afirma, no se detendrán los asesinatos y agresiones. Si prevalece la impunidad, estos delitos no frenarán”. Quiere una ley que genere más obligatoriedad en los tres órdenes. La actual no está funcionando”.

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Dicen los desplazados que sin condiciones de seguridad el periodismo se pierde.

—El mecanismo no tiene atribuciones para atender el fenómeno de desplazamiento forzado, el problema estructural de violencia y la presencia del crimen organizado en los estados.

Cada mes se retiran refugios, manifiesta Irazoque. La Junta de Gobierno determina si no permanecen las medidas, si considera menos riesgo. El mecanismo gasta más de 500 millones de pesos anuales. Los responsables de planes de retorno, sostiene, son el Estado o la entidad federativa que expulsa a la persona. El problema es que se exige al mecanismo, no a quien directamente tiene esa responsabilidad”.

La periodista Yanely Fuentes, del municipio de Marquelia, en la Costa Chica guerrerense, es desplazada desde julio de 2019 por amenazas de policías comunitarias, tras documentar presuntos actos de tortura.

El mecanismo aplazó para el 30 de septiembre el término de su refugio. Después, deberá regresar a Guerrero, pero ella afirma que no hay condiciones.

No han trabajado los planes de retorno, ni para mí ni para los demás desplazados de Guerrero. A todos nos quieren retornar. Todo este tiempo he estado en pausa. No regresaré si no hay un plan que garantice las mínimas condiciones de seguridad y de dignidad para ejercer allá”, dice.

Las organizaciones defensoras coinciden en que existe una cifra negra de desplazamiento forzado de periodistas.

Jan-Albert Hootsen, representante del Comité para la Protección de Periodistas, expone que un grupo importante no fue incorporado al mecanismo de protección. Algunos escaparon a Estados Unidos. En este sexenio, asevera, más reporteros preguntan cómo salir de sus estados.

No son pocos los periodistas asesinados o agredidos que contaban con medidas de protección como escoltas, botón de pánico o infraestructura en casa.

Estaban vigentes, hasta marzo, 37 refugios. El tiempo de esta medida se redujo, asegura Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. No sabemos si por una visión limitada sobre qué implica proteger a periodistas”.

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